Contra la condena hipotecaria, por el derecho a la vivienda

A la dificultad histórica en nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el problema de la pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y hasta el tercer trimestre de 2011 se han producido
350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro indican que estas cifras podrían duplicarse en 2012-13.

Si estos datos ya dibujan un panorama suficientemente complicado, aún lo es más cuando profundizamos en el problema. Por un lado, los afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más castigados por la crisis: parados, especialmente de larga duración, y los colectivos tradicionalmente más vulnerables como las familias monoparentales. Por otro lado, a la pérdida del trabajo y la consiguiente pérdida de la vivienda se suma una consecuencia totalmente inesperada y de graves efectos: el actual procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la vivienda vaya a subasta. Si la subasta queda desierta (lo que sucede en la mayoría de los casos), el acreedor –la entidad financiera- se puede adjudicar la vivienda por el 60% del valor de tasación y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente más intereses y costes judiciales a la persona ejecutada durante el resto de su vida. Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda se suma una deuda irrecuperable que supone el embargo de nóminas o de cualquier ingreso o propiedad a su nombre. Se trata, por tanto, de una condena a la exclusión social de por vida, de la que uno no puede escapar por mucho que trabaje y que, por tanto, empuja a la economía sumergida con tal de sobrevivir.

Ante los abusos de las entidades financieras -en la mayor medida responsables de la actual crisis económica- y la complicidad del gobierno, que les da cobertura con una ley que hace recaer toda la responsabilidad sobre la parte más vulnerable a la vez que destina miles de millones de euros en ayudas públicas a la banca sin ningún tipo de contraprestación, es necesaria una movilización social que fuerce un plan de rescate para las personas que se endeudaron, no para especular sino simplemente para acceder al bien de primera necesidad y derecho fundamental que es la
vivienda.

Por todo esto, DRY Burgos invita a sumarse a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevará al Congreso una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil para regular la dación en pago retroactiva, paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Así, se pretende que en los casos de primera residencia y deudores de buena fe (aquellos que han dejado de pagar por una causa justificada, como el paro o una enfermedad), estos puedan liquidar su deuda con la entrega de la vivienda y empezar de cero, tal y como sucede en otros muchos paises. Pero además de la dación, esta ILP también propone que se paralicen los desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse en un alquiler social, de manera que los hasta entonces propietarios puedan permanecer en las viviendas no destinando más del 30% de los ingresos familiares al pago de la renta.

Porque no tiene sentido que los bancos acumulen miles de pisos vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle.
Por el derecho a una segunda oportunidad.
Por el derecho a la vivienda.

¡Únete a la ILP!